El impacto de la suba de precios de diciembre en el poder adquisitivo de los trabajadores genera preocupación entre los gremios estatales de Tucumán. Y, ante este escenario, desde el ámbito de la sanidad decidieron formular un planteo formal ante la Casa de Gobierno.
El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas), con las firmas de Julián Nassif y de Adriana Bueno, requirió al ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, la reapertura de las paritarias para este sector.
Los referentes gremiales argumentaron que “el descontrolado proceso inflacionario sumió a la mayoría del personal a salarios que no resultan suficientes para atender aquellas erogaciones imprescindibles en la vida diaria de cada trabajador, como ser: salud, alimentación, transporte, vestimenta y educación”.
Esta situación, añadieron los representantes de Sitas, “altera de un modo insoportable la lógica relación que debe existir entre la esencialidad del trabajo que desarrolla todo nuestro sector y un valor acorde del salario a percibir”. Nassif y Bueno remarcaron que, además del “necesario y urgente ajuste” en los haberes del personal de la sanidad, “se vuelve impostergable el cumplimiento de la modificación de la Ley de Carrera Sanitaria mediante el pago de lo allí establecido”.
Distintos gremios estatales plantearon su preocupación en las últimas semanas por el impacto de la inflación en los salarios.
Sin embargo, la mayoría de los referentes de estos sindicatos comparte la idea de aguardar hasta febrero, cuando finaliza el acuerdo vigente con el Gobierno provincial.
El miércoles, por ejemplo, el secretario general de la Asociación Tucumana de Empleados Previsionales y Seguridad Social, Andrés Jaime, estuvo reunido con el gobernador, Osvaldo Jaldo, y planteó -entre otros asuntos- que en la reapertura de las negociaciones prevista para el próximo mes gestionarán no sólo mejoras salariales, sino también medidas para la protección laboral y la continuidad de los empleados contratados por el Estado.
Acuerdo de 2023
En el cierre de 2023, los ministros Amado (Gobierno y Justicia) y Daniel Abad (Economía) acordaron con la totalidad de los gremios estatales sostener la ayuda social extraordinaria de $ 40.000 mensual por trabajador para noviembre, diciembre y enero, con la posibilidad de que se extienda hasta febrero. Ese mes se espera que la Casa de Gobierno retome las charlas con los sindicatos. Las negociaciones suelen comenzar con los referentes del ámbito educativo, dado que se apunta a asegurar el inicio del ciclo lectivo previsto para el 1 de marzo.